La Justicia dispuso el cese del arresto domiciliario para una mujer, de 60 años, y un hombre, de 46, en el marco de una de las causas por las amenazas de bomba a establecimientos educativos y otras instituciones.

La medida se confirmó este miércoles durante una audiencia solicitada por la defensa de los imputados, en el caso de intimación pública en el Centro Educativo San Francisco. No hubo oposición de la Unidad Especializada de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Mariana Rivadeneira.

La magistratura dispuso la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la causa, la obligación de presentarse cada lunes ante la Fiscalía y la prohibición de realizar comunicación, actos de turbación o intimidación directa o indirecta por sí o por terceras personas (por cualquier medio físico o electrónico, incluyendo redes sociales) respecto de testigos, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Nuestro dictamen resulta favorable de acuerdo a las nuevas evidencias que se han adquirido en el transcurso de la investigación donde se practicó un informe socioambiental, la entrevista testimonial y la extracción de datos a los celulares secuestrados. Tenemos un informe respecto de los gastos generados en virtud de la evacuación y los procedimientos realizados como así también un informe nuevo de la compañía de telefonía prestataria sobre la cantidad de servicios que posee la mujer a su nombre. Aún restan un par de oficios y, por ello, se citó al gerente de la empresa. De esta manera, los riesgos procesales han cesado y resultan suficientes las medidas de coerción de menor intensidad”, indicó la auxiliar de fiscal, Julieta Molé. 

La acusación

Según la acusación fiscal, el martes 1 de agosto último, a las 11.06, los acusados enviaron un correo electrónico a la casilla de correo del colegio San Francisco, ubicado entre calles Marcos Paz y Maipú, en la capital.

Para el envío del mail utilizaron una conexión a internet de la empresa, cuya titular es la mujer (desde el IP asociado al domicilio ubicado en barrio Lomas de Tafí, Tafi Viejo). En el asunto de dicho correo indicó “Amenaza de bomba” y en el contenido “Hay explosivos en el edificio”.

A las 11.13, enviaron un correo electrónico desde una casilla de correo al mail del Colegio San Francisco utilizando una conexión a internet de la empresa que es titular el imputado (desde el IP asociado al domicilio ubicado en calle Bolívar al 1500 de esta ciudad capital). En el asunto de dicho correo indicaron: "Código Negro" y en el contenido "evacuar lo más rápido posible, explosivos en la institución".

“De esta manera provocaron temor entre los miembros de la Escuela y la población en general, debiendo a consecuencia intervenir personal policial y bomberos, quienes aplicaron protocolo para el caso, evacuando del establecimiento escolar a la totalidad de las personas que se encontraban en su interior, a fin del registro del lugar, consistiendo en 35 docentes y 560 alumnos de la Escuela Padre Roque Correa y 25 docentes, 519 alumnos y seis miembros del personal administrativo del colegio San Francisco. Asimismo, provocaron tumulto y caos en el tránsito, mientras se aplicaba dicho protocolo preventivo”, señaló la Fiscalía.